Durante el franquismo, 400.000 esclavos para Iglesia, Estado y empresas

Durante décadas, el régimen franquista mantuvo un sistema de trabajo esclavo al servicio de la reconstrucción nacional, utilizando a más de 400.000 presos políticos entre 1939 y 1957. Esta práctica no fue un secreto: se hizo con total impunidad y contó con la colaboración directa de instituciones públicas, empresas privadas y la Iglesia católica. A día de hoy, nadie ha asumido responsabilidades.

El sistema conocido como «redención de penas por el trabajo» permitía al Estado disponer de mano de obra gratuita para obras públicas, fábricas, explotaciones mineras o proyectos religiosos. Organismos como la Secretaría General del Consejo de Estado, Regiones Devastadas, Astilleros de Cádiz y numerosos ayuntamientos y gobiernos civiles se beneficiaron de esta mano de obra forzada. También lo hizo la propia Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET y de las JONS.

La Iglesia católica participó activamente, utilizando trabajadores esclavizados para levantar parroquias, conventos y edificios eclesiásticos en Madrid, Barcelona, Valladolid, Murcia o Cuenca. Mientras tanto, empresas privadas de los sectores de la metalurgia, minería y construcción, como Babcock & Wilcox, Duro Felguera, La Maquinista Terrestre y Marítima o Minería Industrial Pirenaica, engordaron sus beneficios sobre las espaldas de presos antifascistas.

Hoy, ninguna de estas entidades ha pedido perdón ni ha sido juzgada. Las víctimas continúan sin reparación. Esta parte oscura de la historia de España sigue sin abordarse desde el Estado con justicia y dignidad.

No hay democracia sin memoria. Reconocer esta esclavitud impuesta por el franquismo no es una mirada al pasado, sino una exigencia urgente de verdad, justicia y reparación en el presente.

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