Vincenzo Gambaretto 
Imagen generada con IA
El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián decidió prohibir las cenas solidarias que el colectivo Kaleko Afari Solidarioak repartía en la calle a personas sin hogar. La respuesta llegó con una cacerolada en la Plaza de la Constitución, uno de los espacios donde durante años se había distribuido comida caliente.
La medida no cayó sobre una anécdota. KAS nació en 2020, en plena pandemia, para cubrir una necesidad básica: que personas que dormían en la calle pudieran cenar. Según las informaciones publicadas, el colectivo atendía a cientos de personas y denuncia que la prohibición llegó sin una alternativa municipal plenamente operativa.
El Ayuntamiento defiende que quiere reforzar un programa propio de alimentación para personas sin hogar y ordenar la atención. Pero la pregunta es sencilla: ¿qué ocurre entre la prohibición y la solución real? Porque el hambre no espera a que una administración termine de ajustar su plan.
El alcalde Jon Insausti insistió en que la decisión es “irrevocable”. Y ahí aparece el problema político: cuando un gobierno convierte en problema de seguridad una red vecinal que da de cenar, la vulnerabilidad deja de mirarse como derecho y empieza a tratarse como molestia urbana.
Nadie niega que los servicios públicos deban coordinar la atención social. Pero prohibir la solidaridad antes de garantizar comida suficiente no ordena la ciudad: la endurece.
Una cacerola vacía puede hacer mucho ruido. En Donostia, sonó para recordar algo básico: dar de comer no debería convertirse en infracción.
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