Fausto 
Ilustración: El Solidario. La reconstrucción de barrios golpeados por desastres debería priorizar las necesidades de las comunidades afectadas, garantizando procesos abiertos y competitivos.
La adjudicación en solitario de un contrato para construir 221 viviendas de protección oficial en València a una promotora vinculada a Javier Timoner, esposo de la diputada del PP Alma Alfonso, plantea serias dudas éticas.
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El hecho de que este desarrollo ocurra en áreas devastadas por la reciente DANA, como La Torre y Nou Moles, incrementa el escrutinio sobre la transparencia del proceso y los posibles conflictos de interés en un momento de máxima necesidad social.
La reconstrucción de barrios golpeados por desastres debería priorizar las necesidades de las comunidades afectadas, garantizando procesos abiertos y competitivos.
Se aprovechan de la tragedia
Sin embargo, la ausencia de otros ofertantes genera sospechas sobre cómo se gestionan los recursos públicos en una región donde los vínculos entre política y empresas privadas parecen ineludibles.
Aunque no se ha demostrado ilegalidad, la percepción de favoritismo daña la confianza ciudadana en las instituciones. Por otra parte, este caso tiene un patrón especial de favoritismo en el que los fondos y proyectos destinados a la vivienda social terminan beneficiando a intereses privados.
En lugar de aprovechar la oportunidad para establecer un modelo de reconstrucción ejemplar y participativo, la gestión se encamina hacia la privatización de un derecho básico.
La responsabilidad del PP de València es clara: deben despejar cualquier sombra de duda sobre esta adjudicación, especialmente en un contexto en el que el cambio climático amplifica las desigualdades sociales. Transparencia y compromiso son esenciales para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
En un país donde el acceso a la vivienda es cada vez más precario, ¿hasta cuándo seguiremos permitiendo que las tragedias se conviertan en oportunidades de negocio para unos pocos?
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