Brayan Sánchez llevaba diez años en Estados Unidos, tenía una empresa de lavado a presión y pintura, y —según sus abogados— una orden judicial que impedía su deportación. Aun así, el pasado 30 de julio subió a un vuelo de 21 horas, con escalas en Senegal y Nigeria, que terminó en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Con él viajaban Mauricio Alvarado (Ecuador), Arístides Fernández, Omar Rodríguez y Almario Moreno —los tres cubanos— y una quinta persona sin identificar.
No es un caso aislado. Según documentos federales conocidos por CBS News, ICE ha trasladado en solo diez días a más de 100 personas hacia ocho países africanos —Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona— en tres vuelos distintos. Ninguno de los deportados era originario de esos países: llegaban de Afganistán, Cuba, Nicaragua, Irán, Nepal, Turquía y Venezuela.
La Administración Trump ampara la práctica en los llamados acuerdos de «tercer país seguro», firmados con más de 30 naciones tras un fallo del Tribunal Supremo de junio de 2025 que abrió la puerta a expulsar a personas hacia territorios con los que no tienen ningún vínculo, cuando su país de origen «no las acepta». El Departamento de Seguridad Nacional lo presenta como una obligación legal.
La realidad, para quienes la sufren, es otra: Sánchez y el resto de deportados permanecen retenidos en un hotel de Bangui, con movimientos restringidos, mientras las autoridades centroafricanas —un país que no eligieron y que no conocían— tramitan sus visados de permanencia.
El giro es tan cínico como efectivo: convertir a naciones empobrecidas del continente africano en el vertedero geográfico de una política migratoria que Washington no quiere gestionar dentro de sus propias fronteras. La orden judicial ignorada en el caso de Sánchez no es un detalle menor, sino la prueba de que ni las garantías legales frenan ya la maquinaria de deportaciones.
Cuando un Estado decide que ciertas vidas pueden ser trasladadas a miles de kilómetros sin aviso ni destino elegido, no está gestionando fronteras: está decidiendo qué personas merecen derechos y cuáles no.
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