
Archivo/ELSOLIDARIO. Un grupo de migrantes .
En tan solo el primer mes desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido a más de 20.000 migrantes irregulares en distintos puntos de la frontera sur, según cifras oficiales difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este aumento en las detenciones marca el regreso de políticas migratorias más restrictivas, con operativos intensivos en la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha generado un clima de creciente tensión humanitaria.
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Según el informe citado por Europa Press, entre los detenidos se encuentran familias enteras, menores no acompañados y personas solicitantes de asilo que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen. La mayoría de estos migrantes provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, aunque también se ha registrado un incremento de personas procedentes de Venezuela y Haití. La administración Trump ha retomado un enfoque de “tolerancia cero”, similar al aplicado en su primer mandato, endureciendo las deportaciones exprés y reduciendo las opciones legales de protección.
De acuerdo con The Washington Post, los centros de detención a lo largo de Texas y Arizona han vuelto a reportar hacinamiento y condiciones insalubres, lo que reaviva las críticas de organizaciones de derechos humanos. Activistas y defensores de migrantes han denunciado que estas políticas no solo criminalizan la migración, sino que vulneran el derecho al refugio y ponen en riesgo la vida de miles de personas.
El retorno de esta política migratoria refleja una visión profundamente restrictiva, donde la seguridad fronteriza prima sobre la protección de los derechos humanos. Diversos colectivos progresistas han advertido que estas medidas no solo son ineficaces para abordar las causas estructurales de la migración forzada, sino que perpetúan la estigmatización y el sufrimiento de comunidades vulnerables.
Con más de 20.000 personas detenidas en un solo mes, queda claro que Estados Unidos enfrenta un nuevo capítulo de crisis migratoria, donde el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes parece quedar relegado. La comunidad internacional observa con preocupación el resurgir de políticas punitivas que, lejos de ofrecer soluciones humanitarias, agravan el drama en la frontera sur.
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