La reciente revelación sobre los 175 contratos a dedo adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, empresa dirigida en el noroeste por Micaela Núñez Feijóo, hermana de Alberto Núñez Feijóo, pone en tela de juicio la transparencia de la gestión pública en Galicia. Estas adjudicaciones, que ascienden a 1,8 millones de euros en 2024, se suman a las más de 1.300 licitaciones otorgadas desde 2009 a esta compañía, lo que desató una comisión de investigación que busca esclarecer posibles favoritismos.
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Este caso no solo evidencia una relación preocupante entre el poder político y el ámbito empresarial, sino que refleja cómo las instituciones pueden ser instrumentalizadas en beneficio de intereses privados. Eulen ha obtenido múltiples contratos sin pasar por procesos de licitación abiertos, una práctica que, aunque legal en ciertos casos, genera dudas éticas cuando beneficia directamente a familiares de altos cargos políticos.
El trasfondo es aún más grave al considerar la posición de Feijóo como líder del PP y su constante discurso en defensa de la meritocracia y la eficiencia pública. ¿Cómo se sostiene esa narrativa frente a un sistema que prioriza las conexiones familiares y empresariales sobre la competitividad y la transparencia?
Mientras tanto, Galicia, como muchas otras comunidades, enfrenta problemas de financiación en sectores clave como la sanidad y la educación. La ciudadanía merece saber si el dinero público está siendo gestionado con integridad o si, como parece, está sirviendo para reforzar redes de poder.
Este episodio recuerda la importancia de exigir controles más estrictos en la contratación pública y de cuestionar a quienes, desde su posición privilegiada, parecen actuar con total impunidad.
¿Hasta cuándo permitiremos que los intereses privados sigan contaminando la gestión pública? Las instituciones deben responder al pueblo, no a las élites que las manipulan en beneficio propio. La transparencia y la ética no son opcionales; son indispensables para recuperar la confianza ciudadana en la política.
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