Fuente Archivo El Solidario
En Sebastia, en la Cisjordania ocupada, familias palestinas cultivan desde hace generaciones campos de olivos junto a las ruinas de la antigua ciudad romana. Ahora, las autoridades israelíes están expropiando unas 182 hectáreas de esas tierras para crear, según argumentan, un parque nacional que proteja el yacimiento arqueológico. Abu Mudif, uno de los propietarios afectados, describe lo que siente al perder su tierra: «Es como si te arrancaran el alma.»
No es un caso aislado. Más al sur, en Herodión, Israel ha iniciado la expropiación de otras 32 hectáreas bajo el mismo argumento de «conservación y desarrollo». Organizaciones como Peace Now recuerdan que el derecho internacional y la propia Corte Suprema israelí prohíben expropiar tierras para beneficio exclusivo de la población israelí, por lo que el Estado necesita presentar estos proyectos como de uso compartido, aunque en la práctica sirvan casi siempre a la expansión de los asentamientos.
La Unesco declaró el pasado 25 de julio a Sebastia Patrimonio de la Humanidad en Peligro, alertando de que la expropiación planeada podría fragmentar el yacimiento. Israel ha destinado, solo la semana pasada, unos 39 millones de dólares para ampliar su control sobre sitios arqueológicos en Cisjordania, muchos de ellos en zonas nominalmente administradas por la Autoridad Palestina.
El argumento del patrimonio compartido no resiste demasiado análisis cuando quienes pierden el acceso a su tierra son, sistemáticamente, familias palestinas, mientras el relato oficial insiste en subrayar los vínculos judíos con la zona por encima de cualquier otro periodo histórico, incluido el otomano o el de las Cruzadas.
La arqueología, que debería servir para entender el pasado compartido de un territorio, se convierte aquí en una herramienta más de una ocupación que avanza con permisos de excavación en lugar de con tanques, pero con el mismo resultado: menos tierra para quienes ya tenían menos.