Fuente: La Gaceta Médica
Mientras el sarampión vuelve a expandirse por Estados Unidos, Donald Trump firmó el lunes un decreto que reduce de 17 a seis el número de vacunas infantiles recomendadas por el calendario oficial y que, además, fragmenta en dosis separadas la triple vírica —sarampión, paperas y rubéola—, hasta ahora aplicada en una sola inyección.
La orden llega firmada junto a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y rostro más visible del movimiento antivacunas en el país, que semanas atrás ya había destituido a todo el comité científico independiente que asesora sobre inmunización. La medida también deja vacunas como la de la gripe, la covid-19, la hepatitis A y B, el rotavirus o la meningitis bajo un criterio de «riesgo» o de decisión de las familias, en lugar de recomendación sistemática.
El problema no es menor: son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no la Casa Blanca, quienes tienen la potestad legal para fijar el calendario vacunal. Trump y Kennedy Jr. llevan meses intentando saltarse ese límite institucional por decreto.
Podría argumentarse que dar más margen a las familias no es, en sí mismo, un despropósito. El problema es el contexto: Estados Unidos vive uno de sus peores repuntes de sarampión en años, una enfermedad que se consideraba prácticamente erradicada gracias, precisamente, a la vacunación sistemática.
Quienes pagarán primero las consecuencias no serán las familias con recursos para acceder a atención pediátrica privada, sino los niños y niñas de barrios y estados con sistemas de salud pública más débiles, donde la vacunación escolar es, muchas veces, la única red de protección real. Convertir la ciencia en un debate de opinión no es neutral: tiene un coste, y ese coste lo pagan primero los más vulnerables.