Tras cien días de abandono, la DANA desnuda la ineficacia política y la fuerza ciudadana
Delismar González Tortolero 
Archivo: el solidario dando voz a los que no la tienen
Han pasado cien días desde que la devastadora DANA golpeó la Comunidad Valenciana, dejando 227 víctimas mortales y pérdidas millonarias. A pesar de la gravedad del desastre, la reconstrucción avanza a paso lento, evidenciando una gestión ineficaz por parte de las administraciones. Mientras tanto, la ciudadanía ha tomado la iniciativa para recuperar la normalidad en medio del fango y la desolación.
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La tormenta afectó a más de 80 municipios, de los cuales 28 siguen en nivel 2 de alerta, necesitando atención urgente. Sin embargo, solo se ha entregado el 13,2% de los fondos prometidos, lo que ha generado indignación entre los damnificados. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha sido duramente criticado por su falta de transparencia y su negativa a reunirse con las asociaciones de víctimas.
A diferencia de la pasividad gubernamental, la respuesta de la ciudadanía ha sido ejemplar. Vecinos y colectivos progresistas han organizado brigadas de limpieza y apoyo, demostrando que la solidaridad es más efectiva que la burocracia.
Sin embargo, mientras la población lucha por salir adelante, PP y Vox han impulsado medidas que favorecen la especulación inmobiliaria, eliminando restricciones a la construcción en zonas de huerta. Esta decisión ha sido rechazada por ecologistas y expertos en urbanismo, quienes advierten que se están repitiendo errores del pasado que agravan la vulnerabilidad ante desastres naturales.
En respuesta a esta crisis, miles de personas se han movilizado en València exigiendo un plan de reconstrucción justo, sostenible y que priorice a las víctimas. Cada veinte días se han registrado manifestaciones multitudinarias que claman por transparencia y medidas reales contra el cambio climático.
La DANA no solo ha dejado destrucción, sino que ha evidenciado el abandono institucional y la urgencia de un cambio en la gestión de crisis climáticas. Es hora de que las administraciones dejen de ignorar a la ciudadanía y actúen con responsabilidad. La reconstrucción debe basarse en justicia social y sostenibilidad, no en intereses económicos.
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