Seguridad Social deja a familias vulnerables con suspensiones injustificadas del Ingreso Mínimo Vital
Fausto 
Archivo/ELSOLIDARIO: Ingreso Mínimo Vital.
La Plataforma RMI Tu Derecho denunció una nueva ola de suspensiones cautelares injustificadas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), dejando a cientos de familias empobrecidas sin este apoyo esencial.
La Seguridad Social ha vuelto a fallar al no verificar a tiempo la renovación anual de un certificado, un trámite burocrático que está dejando en la incertidumbre a quienes más lo necesitan.
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El IMV, creado en 2020 como un mecanismo de protección social para combatir la pobreza extrema, se ha convertido en un salvavidas para miles de hogares en España.
Sin embargo, su implementación ha estado plagada de problemas administrativos. Según denuncia la Plataforma RMI Tu Derecho, muchas familias están viendo suspendido el cobro de esta prestación por la incapacidad de la Seguridad Social para gestionar eficientemente la renovación del certificado anual de ingresos, un requisito indispensable para mantener el beneficio.
Esta situación no es nueva. Desde su lanzamiento, el IMV ha enfrentado críticas por los retrasos en los pagos, los errores en la asignación y las dificultades para acceder a la prestación. Ahora, las suspensiones cautelares están agravando la precariedad de quienes dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el alquiler o los suministros.
Suspensión injustificada
La Plataforma RMI Tu Derecho ha señalado que estas suspensiones son injustificadas y responden a fallos en el sistema, no a incumplimientos por parte de los beneficiarios. Además, han criticado la falta de transparencia y comunicación por parte de la administración, que deja a las familias sin información clara sobre cómo resolver estos problemas.
La crisis administrativa del IMV no solo evidencia las carencias del sistema de protección social, sino que también refleja una falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Estas suspensiones injustificadas profundizan la desigualdad y dejan a miles de familias en una situación límite.
Urge que las instituciones tomen medidas para agilizar los trámites, garantizar el acceso a la información y, sobre todo, proteger a quienes más lo necesitan. La lucha contra la pobreza no puede quedar atrapada en la burocracia.
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