Ceuta tiene 1.342 menores sin techo y el PP debe elegir entre la ley o su pacto con Vox
Rocío Benítez 
Fuente EFE
¿Qué pesa más para el PP: la ley que protege a la infancia o el pacto firmado con Vox? Esa es la pregunta que atraviesa la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde la Policía ha identificado a 1.342 menores llegados desde Marruecos el pasado 30 de julio, muchos de ellos con menos de 13 años. La ciudad autónoma solo dispone de 29 plazas ordinarias para menores extranjeros no acompañados, una cifra que deja al descubierto lo insostenible de la situación.
El Gobierno activa ahora un mecanismo aprobado en 2025 para repartir a los menores entre comunidades autónomas según población, renta y esfuerzo previo de acogida. A diferencia de 2024, cuando el traslado de 347 niños fue un acuerdo voluntario, esta vez el procedimiento es individual y obligatorio: cada comunidad puede recurrir, pero no vetar. Ahí surge el conflicto. Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura firmaron con Vox el compromiso de oponerse «por todos los medios» a cualquier reparto. Madrid, Galicia y País Valencià, también gobernadas por el PP, no tienen esa cláusula, pero sienten la misma presión desde su propio partido.
Vox no habla de reparto, sino de devolución inmediata a Marruecos. Pero decidir sobre fronteras y acuerdos internacionales no es competencia autonómica, y la reagrupación familiar exige revisar caso por caso, no un envío masivo. La fiscal general, Teresa Peramato, ya ha avisado: ninguna comunidad podrá dejar a un menor sin protección alegando que rechaza el reparto.
Lo que se dirime en Ceuta no es solo un procedimiento administrativo: es hasta qué punto los derechos de la infancia dependen del color político de quien gobierna una comunidad. Mientras los despachos discuten plazas, presupuestos y pactos electorales, más de mil niños siguen esperando una respuesta que no debería depender de ningún acuerdo con la ultraderecha.
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