El Gobierno de Canarias ha advertido de que acudirá al Tribunal Supremo si el Ejecutivo central no asume la gestión del triaje de los menores migrantes que llegan al archipiélago, el proceso de identificación y clasificación que determina si un menor puede solicitar asilo, conforme al nuevo pacto europeo de migración. La consejera Candelaria Delgado sostiene que esa competencia es estatal, no autonómica, porque «defender el territorio nacional» nunca ha sido delegado a las comunidades autónomas.
Delgado fue tajante en la reunión mantenida con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz: «los derechos de estos menores se siguen vulnerando», denunció, recordando que han pasado dos años desde la entrada en vigor del pacto europeo sin que el Gobierno haya adaptado su cumplimiento. Sáiz, por su parte, ofreció financiar el proceso de triaje, pero no asumir su gestión como competencia propia del Estado, y trasladó que la controversia «tendrá que dilucidarlo la justicia».
Canarias mantiene actualmente unas 5.000 plazas en su red de acogida de personas adultas migrantes, con alrededor de 1.000 ocupadas, y realiza derivaciones periódicas de menores hacia la Península para aliviar la presión sobre el sistema insular. Antes de recurrir al Supremo, el Gobierno autonómico presentará requerimientos previos ante la Delegación del Gobierno y ante el Estado.
El pulso entre administraciones deja, una vez más, a la infancia migrante como la parte más vulnerable de un conflicto competencial que no es nuevo: mientras Madrid y Canarias discuten quién debe asumir el triaje, son los menores quienes esperan, en los mismos centros y con los mismos derechos pendientes de aplicarse, una solución que no termina de llegar.
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