Fuente Archivo de La Mina de la Camocha
La mina de La Camocha, en Gijón, ha sido declarada oficialmente Lugar de Memoria por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, un reconocimiento estatal que se suma al que ya le había otorgado el Principado de Asturias. El pozo, único de la región a orillas del Cantábrico, abrió en 1935 y dio cobijo a mineros represaliados tras la Revolución de Asturias del 34, convirtiéndose con el tiempo en uno de los escenarios más simbólicos de la lucha obrera contra el franquismo.
El ministerio reconoce en su resolución que sus más de 1.600 trabajadores protagonizaron algunas de las primeras experiencias organizadas al margen del sindicato vertical impuesto por la dictadura. Toño Huerta, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico y autor del informe que ha logrado este reconocimiento, matiza el mito de que Comisiones Obreras «nació» en La Camocha: ya existían otras comisiones obreras en los años cincuenta, pero la gijonesa fue la que logró perdurar en el tiempo, convirtiéndose en interlocutora real de los trabajadores durante la huelga de brazos caídos de 1957.
El precio de esa resistencia fue altísimo. La movilización de 1958 terminó con la declaración del estado de excepción en Asturias, destierros y despidos masivos. Pese a ello, en 1962 los mineros volvieron a protagonizar la llamada «huelgona», que logró parte de sus demandas antes de que el incumplimiento del acuerdo desatara una nueva y dura represión, con encarcelamientos y expulsiones de la provincia. La organización, sin embargo, sobrevivió como germen de lo que sería Comisiones Obreras.
El relato humano detrás de la organización es tan heterogéneo como revelador: entre sus cinco fundadores figuraban un destacado militante comunista, un excombatiente de la División Azul de origen falangista y un vinculado a las Juventudes Obreras Católicas, prueba de que la defensa de los derechos laborales logró tender puentes por encima de las trincheras ideológicas de la época. Como resume Huerta, «aquí nadie regaló nada. Hubo represión, hubo muertes y hombres en las cárceles».
El reconocimiento llega, sin embargo, con la mina convertida en un solar abandonado desde su cierre en 2007 tras años de mala gestión, con el icónico castillete de hierro como único vestigio reconocible y la propiedad en manos de la entidad concursal. La declaración de Lugar de Memoria supone un paso simbólico importante, pero como advierte el propio Huerta, queda un largo camino por delante para lograr la dignificación real de un espacio que forma parte esencial de la memoria democrática de este país.