96 trabajadores han muerto en Andalucía este año. La Junta paraliza medidas de seguridad. ¿Hasta cuándo se ignorará esta tragedia?
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En lo que va de año, 96 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en Andalucía, una cifra devastadora que revela el abandono institucional hacia la seguridad en el trabajo. Mientras el dolor se extiende entre familias y compañeros, el gobierno de Moreno Bonilla ha frenado políticas de prevención, dejando a los trabajadores en una situación de desamparo. El incremento de muertes evidencia la falta de un sistema de protección laboral efectivo, y muchos se preguntan cómo puede un gobierno ignorar semejante tragedia.
Parálisis en la prevención y el reclamo de los sindicatos
La crítica desde los sindicatos y las asociaciones laborales no se ha hecho esperar. Según Comisiones Obreras (CCOO), “estas muertes podrían haberse evitado si existieran políticas de prevención eficaces”. Ante esta falta de actuación, los sindicatos urgen a la Junta a retomar los planes de formación en riesgos laborales y a implementar controles de seguridad estrictos en sectores como la construcción y la agricultura, los más afectados. Para UGT, esta situación es una “vergüenza” que evidencia una “completa dejación de funciones” por parte del gobierno andaluz.
Por otro lado, las familias de las víctimas se sienten completamente desprotegidas. Enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también la rabia de saber que, quizás, sus seres queridos estarían vivos si se hubieran implementado políticas preventivas. Esta situación lleva años empeorando y, para muchos, el silencio y la inacción de las autoridades representan una forma de complicidad con la inseguridad laboral.
Moreno Bonilla y la urgencia de priorizar vidas humanas
La ausencia de una respuesta contundente por parte del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, es vista como un acto de insensibilidad política. En una Andalucía que clama por justicia laboral, el estancamiento de las medidas preventivas resulta incomprensible y, para muchos, inaceptable. “La vida de los trabajadores no es negociable”, han afirmado desde CCOO, quienes exigen que el gobierno “asuma su responsabilidad y actúe de inmediato”.
La ciudadanía también está alzando la voz. Miles de andaluces ven en este problema una muestra clara de las prioridades de sus gobernantes, que parecen más interesados en recortar gastos que en proteger vidas. La indignación aumenta, y la pregunta es inevitable: ¿qué precio están dispuestos a pagar quienes han paralizado la protección laboral?
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Fuente: El Plural