En un informe exhaustivo y condenatorio publicado el jueves 5 de diciembre, Amnistía Internacional afirma que la operación militar de Israel en Gaza incurre en tres de los cinco actos definidos como genocidio por la Convención sobre el Genocidio de 1948.
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Casi 45.000 personas asesinadas, niños amputados, desplazamientos forzados… Desde el 7 de octubre de 2023, la Franja de Gaza es escenario de una ofensiva militar israelí de una brutalidad sin precedentes. Un informe reciente de Amnistía Internacional señala que Israel ha cometido actos de genocidio en Gaza durante el conflicto actual.
La organización denuncia ataques sistemáticos contra civiles, destrucción masiva de infraestructura y restricciones al acceso de ayuda humanitaria, actos que podrían constituir crímenes de guerra. Este análisis se suma a décadas de tensiones entre Israel y Palestina, agravando la situación humanitaria en la región.
El informe de Amnistía Internacional, tras 14 meses de investigación, concluye que las acciones de Israel en Gaza constituyen genocidio, marcando la primera vez que la organización utiliza este término en el contexto de un conflicto armado. Según el documento, los ataques sistemáticos e indiscriminados han provocado miles de muertes civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos. Además, se reporta la destrucción masiva de infraestructura esencial y restricciones severas al acceso de ayuda humanitaria, agravando la crisis.
La organización insta a tribunales internacionales a investigar estos actos como crímenes de guerra.Las denuncias incluyen el uso de municiones de gran impacto en zonas residenciales y la imposición de restricciones al paso de ayuda humanitaria esencial, lo que empeora la crisis de recursos básicos.
Israel ha rechazado las acusaciones, argumentando que sus acciones son una respuesta legítima a las amenazas de grupos armados en la región. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch y Naciones Unidas han expresado preocupaciones similares, subrayando la necesidad de investigar posibles violaciones al derecho internacional.
Escalada y magnitud sin precedentes
Las acciones de Israel a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han llevado a la población de Gaza al borde del colapso. Hasta el 7 de octubre de 2024, la violenta ofensiva militar israelí había dejado más de 42.000 muertos entre la población palestina, entre ellos más de 13.300 niños, y más de 97.000 heridos.
Muchos se han visto afectados por ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras de todas las generaciones.
Esta ofensiva causó una destrucción sin precedentes que, según los expertos, alcanzó un nivel y una velocidad nunca vistos en ningún otro conflicto del siglo XXI, arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura crítica, tierras agrícolas y sitios culturales y religiosos. Ha hecho inhabitables grandes zonas de la Franja de Gaza.
A lo largo de 300 páginas, la ONG describe también que Israel obligó a casi 1,9 millones de palestinos, -el 90% de la población de Gaza-, a desplazarse a zonas de territorio cada vez más pequeñas e inseguras, y en condiciones inhumanas. Algunas personas han sido desplazadas hasta 10 veces.
Estas sucesivas oleadas de desplazamiento forzado han dejado a muchas personas sin trabajo y profundamente traumatizadas, particularmente teniendo en cuenta que el 70% de los residentes de la Franja de Gaza son refugiados o descendientes de familias de refugiados cuyas ciudades y pueblos fueron sometidos por Israel a una limpieza étnica durante la Nakba de 1948.
El silencio de la comunidad internacional ¿hasta cuándo?
La comunidad internacional enfrenta el reto de actuar frente a estas denuncias. Los líderes mundiales han pedido el cese de las hostilidades y el respeto a los derechos humanos, pero hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes para aliviar el sufrimiento de las personas afectadas en Gaza.
Este informe subraya la urgencia de encontrar una solución al conflicto que priorice la protección de los derechos humanos. La inacción global no solo perpetúa el sufrimiento en Gaza, sino que también erosiona la confianza en los sistemas internacionales de justicia y protección. La comunidad internacional debe responder con firmeza y garantizar que se rindan cuentas por las violaciones documentadas.
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