El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel ha generado una oleada de críticas de arquitectos, ingenieros y partidos políticos. La polémica radica en la inclusión de áreas calificadas como inundables para el desarrollo de viviendas, un movimiento que pone en jaque tanto la seguridad de los futuros residentes como el equilibrio ambiental.
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La planificación urbanística bajo escrutinio
Organizaciones profesionales y medioambientales han cuestionado la viabilidad del PGOU, señalando que contradice directrices europeas y normativas nacionales que exigen evitar construcciones en áreas de riesgo. Además, argumentan que esta decisión compromete recursos públicos al tener que responder a posibles desastres y pone en peligro la seguridad ciudadana.
El Consejo de Arquitectos de Aragón ha solicitado la revisión inmediata del plan, mientras que grupos ecologistas como Ecologistas en Acción han advertido de las consecuencias para los ecosistemas fluviales de la región. «Es una decisión que prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad y la seguridad», afirmó un portavoz del colectivo.
¿Es compatible el desarrollo con la sostenibilidad?
El debate sobre este plan refleja un problema más amplio: cómo equilibrar el crecimiento urbano con la protección del medio ambiente y la adaptación a los riesgos climáticos. Ante el aumento de eventos extremos, ¿deberían las normativas urbanísticas ser más estrictas?
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