A partir de 2025, los desempleados en España que quieran seguir cobrando la prestación por desempleo deberán cumplir con una nueva exigencia del Gobierno: la presentación obligatoria de la declaración de la renta.
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Esta medida, anunciada recientemente, ha generado un fuerte debate sobre su impacto en las personas más vulnerables, quienes se enfrentan a la burocracia como un obstáculo adicional para acceder a su derecho al subsidio por desempleo.
La normativa establece que todos los parados deberán presentar su IRPF aunque sus ingresos estén por debajo del mínimo exigido para declarar. Esto incluye a quienes no tienen otros ingresos más allá de la prestación por desempleo, lo que ha despertado críticas por la imposición de más trámites administrativos a quienes ya están en una situación de precariedad.
Según el Gobierno, esta medida pretende mejorar el control fiscal y evitar el fraude, pero para muchos colectivos sociales, lo que realmente hace es añadir una carga adicional sobre los hombros de los más afectados por el desempleo.
Medida de «injusta» y «desproporcionada«
Las organizaciones de defensa de los derechos sociales, como CCOO y UGT, han calificado esta medida de «injusta» y «desproporcionada«. Argumentan que exigir la declaración de la renta a los parados no tiene en cuenta su falta de ingresos regulares y les somete a un sistema fiscal complicado que podría provocar la pérdida de prestaciones para aquellos que no logren cumplir con las nuevas exigencias a tiempo.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda defiende que esta nueva obligación permitirá mejorar la transparencia y asegurar que las prestaciones se ajustan a la realidad económica de cada beneficiario. En este sentido, el Ejecutivo subraya que la medida no afectará al monto de las ayudas ni al derecho a recibirlas, siempre que se cumplan con los trámites requeridos.
Esta nueva política podría tener un impacto significativo en miles de desempleados, quienes deberán adaptarse a la digitalización y la creciente demanda de procedimientos online, algo que no todos los afectados tienen la capacidad de gestionar fácilmente.
Fuentes: Infobae, CCOO, Ministerio de Hacienda.
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