De las 42 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026 en España, 19 vivían en municipios rurales, el 45,2 % del total, según el Observatorio Rural de Violencia de Género. La cifra pone el foco en un entorno donde escapar de la violencia presenta dificultades añadidas.
Marta Torres Herrero, responsable del programa de violencia de género de Fademur, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, resume el dilema en una pregunta que oye con frecuencia: «¿Dónde voy a ir yo?». Detrás hay falta de dinero, de medios y de trabajo. Torres insiste en hablar de realidades rurales, en plural.
La distancia también pesa. La atención psicológica, el asesoramiento jurídico y algunos recursos de protección suelen estar en las cabeceras de comarca, así que son las mujeres quienes tienen que desplazarse hacia los servicios y no al revés. Lola Merino, de AMFAR, señala que la población dispersa y el acceso al transporte público pueden ser decisivos. Y cuando la víctima y el agresor comparten explotación agraria o negocio, hacer cumplir una orden de alejamiento se complica todavía más.
La dependencia económica es la otra pieza. Muchas mujeres trabajaron durante años en explotaciones familiares sin figurar como titulares ni estar dadas de alta en la Seguridad Social. Inmaculada Idáñez, de la confederación CERES y del área de mujeres de COAG, explica que ellas mismas se definían como amas de casa. La ley de titularidad compartida de 2011 permite que dos personas de una misma explotación compartan titularidad e ingresos, pero se usa poco: AMFAR cuenta unas 1.655 explotaciones inscritas en España, casi la mitad de ellas (769) en Castilla y León. Según Idáñez, la rentabilidad es el principal obstáculo, porque una segunda cotización pesa en economías ajustadas, y algunas familias inscriben solo al hombre.
En el sector agrario, las mujeres ganan alrededor de un 13 % menos que los hombres, según AMFAR. Los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre ellas, con carreras de cotización cortas e interrumpidas que se traducen en ingresos bajos al jubilarse.
Las asociaciones suelen enterarse de los casos antes que los servicios sociales o la policía, apunta Torres, que resume su papel así: «Donde no llegan los recursos llegamos nosotras». Idáñez reclama guarderías, escuelas y servicios médicos y sociales en los pueblos, y apoyo para los jóvenes que se instalan en el campo y permiten el relevo generacional.
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