Un grupo de profesores de secundaria ha presentado un informe educativo ante los juzgados de Madrid para pedir que se frene el desahucio de una alumna de un instituto del distrito de Latina, previsto para el 28 de octubre. El documento lo han registrado este viernes el Sindicato de Inquilinas y el colectivo docente Menos Lectivas.
El informe sostiene que echar de su casa a la menor agravaría su situación de vulnerabilidad y vulneraría su derecho a la educación. El caso lo lleva el Juzgado de Primera Instancia nº 99 de Madrid. La familia afronta el lanzamiento por parte del fondo de inversión Brookfield, y las organizaciones describen años de inestabilidad contractual y de procedimientos judiciales.
Las organizaciones recuerdan que el Ayuntamiento de Madrid vendió esas viviendas en 2013 a Blackstone, y que este las traspasó a Brookfield en abril de 2026. Su portavoz, Alicia del Río, critica que el Gobierno no intervenga para recuperarlas y resume el argumento del informe: «Sin vivienda no hay educación».
Desde Menos Lectivas, el orientador de un colegio público Raúl Araque explica que los efectos de un desahucio sobre el alumnado son una realidad cotidiana en las aulas y que se notan antes, durante y después del lanzamiento. Cita el caso de un alumno de primero de ESO que dejó de ir a clase varios días porque su familia estaba siendo desahuciada, y habla de familias hacinadas en habitaciones compartidas y de estudiantes que cambian de centro una y otra vez.
El caso se suma al clima de movilización docente en la región: la huelga indefinida del profesorado madrileño arrancó el 14 de octubre y hay convocada una huelga general el 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinas recuerda también que existe un protocolo de vivienda, surgido el año pasado, que ha creado puntos de apoyo en decenas de colegios.
La decisión sobre el desahucio está ahora en manos del juzgado, con el 28 de octubre como fecha límite.
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