El Gobierno británico planea subir del 3 % al 8 % el recargo adicional que paga la banca sobre sus beneficios. Con ello, el tipo combinado de los bancos pasaría del 28 % al 33 %, ya que el impuesto de sociedades base es del 25 %.
El recargo solo afecta a los beneficios que superan los 100 millones de libras, unos 118 millones de euros. El anuncio llegaría en los presupuestos del 28 de octubre, los primeros del nuevo Ejecutivo laborista del primer ministro Andy Burnham, en el cargo desde julio. El ministro de Economía, John Healey, prefiere, según la prensa británica, recurrir a la banca antes que trasladar la carga a las clases medias y trabajadoras.
El motivo declarado es compensar el impacto del conflicto en Oriente Medio en las cuentas públicas. La medida revertiría la rebaja del 8 % al 3 % que aprobó el anterior Gobierno conservador en 2023. La deuda neta del sector público se situó en el 93,8 % del PIB a finales de agosto, y los grandes bancos británicos ganaron unos 15.000 millones de libras, cerca de 17.700 millones de euros, en el primer semestre.
La patronal bancaria UK Finance advierte de que mayor carga fiscal puede debilitar la competitividad del sector y desalentar la inversión y el empleo. Es un argumento habitual que merece contraste, pero también una precaución: se trata de un plan, no de una decisión aprobada, y no se ha indicado cuánto recaudaría el Estado.
Cada crisis abre la misma pregunta: quién paga. Cuando el coste de un conflicto lejano llega a las cuentas públicas, lo habitual es que lo asuman las nóminas medias y los servicios públicos. Que un Gobierno se plantee pedir más a quien ha obtenido grandes beneficios es, al menos, mover la carga hacia donde hay más margen.
La justicia fiscal empieza por algo elemental: que las crisis no las paguen siempre los mismos.
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