España tiene 2,5 cotizantes por cada pensionista, la ratio más alta en 16 años. Solo se había alcanzado a mediados de los 2000, en pleno boom inmobiliario, y el repunte del empleo se explica en parte por la regularización extraordinaria de migrantes.
Es un dato incómodo para quienes repiten que el sistema de pensiones «va a petar». La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, reclama reformas «valientes» sin concretar cuáles, y el responsable económico de Vox, José María Figaredo, propone pasar a la capitalización individual.
¿Qué dicen los organismos? Se prevé que el gasto toque su máximo hacia 2050 y después descienda. En ese pico, el simulador de la Seguridad Social lo sitúa en el 15,3 % del PIB, la AIReF en el 16,1 % y la Comisión Europea en el 17,3 %. Son cifras exigentes, pero no una quiebra.
Las reformas de 2021 a 2024, pactadas con Bruselas, incentivan la jubilación demorada voluntaria y aumentan los ingresos. La edad efectiva de jubilación ya es de 65,4 años, dos más que hace dos décadas.
Hay un matiz. La AIReF es crítica con la regla de gasto pactada con Bruselas, que fija un tope del 13,3 %: el sistema la superó en sus evaluaciones de 2025 y 2026, pero el organismo cree que mide mal la sostenibilidad futura. La discusión legítima es de dónde salen los ingresos, no si habrá pensiones.
Además, el pasado pesa. Con Mariano Rajoy se vació el 90 % de la hucha de las pensiones, unos 65.000 millones de euros. La ministra Elma Saiz advierte de una «fase del miedo» previa a la privatización, y Carlos Bravo, de CCOO, recuerda que las predicciones de quiebra se repiten desde los años 2000 sin cumplirse.
La paradoja es evidente: Vox propone limitar la migración y repatriar extranjeros, cuando los organismos económicos la sitúan como clave para la población activa futura. La pregunta de fondo no es técnica, es política: se agita el miedo a una quiebra imaginaria para abrir negocio a la banca privada, mientras quienes cotizan, muchos de ellos migrantes, sostienen la pensión de todos.
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