El Gobierno de Javier Milei ha iniciado un procedimiento internacional contra Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las Malvinas. Londres ha respondido convocando a la embajadora argentina, Mariana Plaza. Lo cuenta Público.
Sea Lion, liderado por la empresa israelí Navitas, prevé extraer crudo a partir de 2028 con una licencia concedida por el gobierno de las islas. Argentina considera ilegales esas licencias y ha acudido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, al amparo de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. El procedimiento fija un plazo de dos semanas para que Reino Unido adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de actividades de hidrocarburos.
El Ejecutivo argentino ha anunciado además otras medidas: unas 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, unos 60 procedimientos administrativos, al menos tres denuncias penales ante tribunales argentinos contra diez compañías petroleras de capital británico, israelí y canadiense, y una base naval en el sur del país. Milei lo presenta como la prevención del «saqueo ilegal» de recursos argentinos.
La respuesta británica llegó a través de Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para Territorios de Ultramar. Kumaran acusó a Argentina de intentar socavar la prosperidad y la seguridad económica de las islas y cuestionó su fiabilidad como socio. Londres ya había calificado las medidas de inaceptables y de ejercicio de jurisdicción extraterritorial. Además, optó por un perfil bajo: la protesta la formuló una subsecretaria y no un cargo de mayor rango.
El telón de fondo es una disputa histórica. Argentina reclama las islas desde que Reino Unido las ocupó en 1833, y el conflicto derivó en la guerra de 1982.
Conviene precisar que el procedimiento está en sus primeras fases y que no hay decisión del tribunal. Ninguno de los dos gobiernos ha cedido en su posición, y las sanciones, las denuncias penales y la base naval añaden presión política a la vía jurídica.
La cuestión de fondo es qué camino se elige para una disputa de casi dos siglos: el del derecho internacional, que ofrece cauces pacíficos, o el de la escalada de gestos. Los conflictos por recursos naturales en territorios en disputa se resuelven mejor con tribunales y diálogo que con amenazas, y quienes más pierden con la tensión suelen ser las poblaciones, a ambos lados del Atlántico.





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