España fue el único país de la Unión Europea que votó en contra del nuevo Reglamento de Retornos, aprobado este jueves por los ministros de Interior de los Estados miembros. Bélgica se abstuvo, mientras que Irlanda no participó en la votación. La norma busca agilizar los procedimientos de retorno de migrantes en situación irregular y establece un marco común para las expulsiones.
Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países, mediante acuerdos con Estados que no pertenecen a la UE. Estos centros podrán utilizarse como destino o como lugares de tránsito antes del traslado al país de origen u otro Estado. El reglamento establece que estas actuaciones deberán respetar los derechos fundamentales.
El Gobierno español considera que existen dudas jurídicas, políticas y económicas sobre este mecanismo y cuestiona que puedan garantizarse plenamente los derechos de las personas trasladadas a esos centros. Sin embargo, Madrid no rechaza acelerar los retornos y ha planteado a Bruselas medidas para hacer más rápidos los procedimientos durante situaciones de presión migratoria.
La votación coincide con la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, cuando más de 70.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado a los socios europeos mayor solidaridad financiera, política y operativa ante este tipo de situaciones.
La nueva normativa cuenta ya con el respaldo del Parlamento Europeo y supone uno de los principales cambios recientes en la política común de retornos de la UE.
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