Japón ha endurecido las condiciones para que los extranjeros puedan obtener la residencia permanente, dentro de una reforma de su política migratoria impulsada por el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi. Los cambios se aplicarán de forma progresiva y afectan tanto a los requisitos económicos como al conocimiento del idioma y a las tasas administrativas.
Desde este jueves, 1 de octubre, la tasa para solicitar la residencia permanente pasa de 10.000 a 200.000 yenes, unos 1.100 euros, lo que supone multiplicarla por veinte. El Gobierno justifica el incremento por el coste de tramitar las solicitudes y señala que los nuevos ingresos también permitirán reforzar los controles migratorios y digitalizar los procedimientos.
Además, las nuevas directrices establecen mayores exigencias económicas. Los solicitantes deberán acreditar una capacidad de mantener una vida independiente y unos ingresos anuales superiores a la media de los hogares japoneses. También se tendrá en cuenta la previsión de prestaciones de pensión que recibirán en el futuro.
A partir de abril de 2027, se incorporarán nuevas condiciones relacionadas con el dominio del japonés y la comprensión de las normas y sistemas sociales del país. Las autoridades también valorarán el historial de residencia y el cumplimiento de obligaciones como el pago de impuestos y cotizaciones.
Japón afronta al mismo tiempo un rápido envejecimiento de su población y una escasez de trabajadores en numerosos sectores. Organizaciones empresariales y expertos han señalado la necesidad de atraer y retener trabajadores extranjeros, mientras el Gobierno defiende una integración que denomina de «convivencia ordenada».
Las nuevas normas no implican la expulsión automática de los extranjeros que ya residen en Japón, pero sí pueden dificultar que algunos de ellos accedan en el futuro al estatus de residente permanente.
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