Palma ha conseguido multiplicar por más de tres el número de autobuses eléctricos previstos en uno de sus programas de renovación de flota sin aumentar la subvención inicial.
El Govern balear aprobó el 21 de septiembre de 2026 modificar el proyecto financiado mediante el Impuesto del Turismo Sostenible. De los 16 autobuses eléctricos contemplados inicialmente se pasará a comprar 57: 23 vehículos de 12 metros y 34 articulados de 18 metros.
La aportación del impuesto se mantiene en 12 millones de euros. Según el Govern, el aumento ha sido posible gracias a financiación europea adicional y a precios de adjudicación por vehículo inferiores a los presupuestados inicialmente.
Todavía hablamos de una compra, no de 57 nuevos autobuses circulando por Palma. Esa diferencia importa cuando se comunica la electrificación del transporte público.
Cuando entren en servicio, los vehículos evitarán emisiones locales por combustión durante sus recorridos y reducirán el ruido del motor. Pero su impacto climático completo dependerá también de la electricidad utilizada, de su fabricación, de las baterías y, sobre todo, de cuánto servicio presten.
Ahí aparece el elemento más interesante.
Un autobús eléctrico no sustituye únicamente un motor diésel por otro eléctrico: puede mover decenas de personas utilizando el espacio urbano de manera mucho más eficiente que el mismo número de automóviles.
Electrificar transporte público combina así dos cambios diferentes: reducir combustibles fósiles y ofrecer una alternativa colectiva al coche.
La inversión tampoco garantiza por sí sola una mejor movilidad. Frecuencias, líneas, accesibilidad, tiempos de espera y precios siguen siendo fundamentales.
Palma tendrá que demostrar ahora que más autobuses eléctricos se traducen también en un servicio más útil.
Porque una ciudad no mejora únicamente al cambiar la tecnología de sus vehículos, sino cuando moverse resulta más sencillo para la población.
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