La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró este martes en Ifema The District, la mayor feria inmobiliaria de Europa, que aterriza en Madrid tras cuatro ediciones en Barcelona. El evento reúne a cerca de 20.000 profesionales e inversores y su impacto económico se calcula en 40 millones de euros para la región.
Mientras fondos de inversión y promotoras cerraban acuerdos bajo los focos, los datos de la vivienda en Madrid dibujan otra realidad: los precios de compra suben un 12% interanual, una familia necesita el equivalente a cuatro años de salario completo para reunir la entrada de un piso, y el alquiler llega a consumir hasta el 50% de los ingresos de los inquilinos. Los fondos de inversión controlan ya cerca del 60% del parque de vivienda en alquiler, una cifra que se ha multiplicado por cuatro desde la crisis de 2008.
A pocos metros del photocall, un grupo de activistas interrumpió el recorrido de Ayuso para recordarle un dato que ningún folleto de la feria mencionaba: al día siguiente, Maricarmen, de 87 años, iba a ser desahuciada de su piso en el barrio de Retiro, donde había vivido de alquiler durante 70 años. «¡Mañana van a desahuciar a una señora de 87 años sin alternativa habitacional!», gritó uno de los manifestantes antes de ser desalojado por seguridad.
En las puertas de Ifema, el Sindicato de Inquilinas desplegó pancartas con lemas como «Madrid para vivir, no para invertir» y organizó una contracumbre paralela, «El Barrio», para plantear alternativas habitacionales desde otra perspectiva. Su portavoz, Elisa Molina, resumió la contradicción del día: «hay un poder político que gobierna para estas empresas», frente a quienes defienden la vivienda como derecho y no como mercancía.
Ayuso, por su parte, defendió el modelo frente a cualquier intervención pública sobre los alquileres, argumentando que los propietarios cada vez temen más la inseguridad regulatoria. Pero mientras la Comunidad de Madrid abre sus puertas a los grandes inversores, miles de familias siguen sin poder pagar un techo digno: la prueba de que, para gran parte de la ciudadanía, la vivienda sigue siendo un lujo antes que un derecho garantizado.
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