El Congreso de los Diputados retiró este martes 22 de septiembre, de forma definitiva, la acreditación de prensa al activista de extrema derecha Vito Quiles. La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara con los votos a favor de PSOE y Sumar, la abstención del PP y el voto en contra de Vox, pone fin a año y medio de sanciones repetidas por su comportamiento dentro de las instalaciones.
La expulsión definitiva se basa en tres nuevas infracciones graves cometidas en marzo de 2026: la difusión en redes sociales de imágenes prohibidas grabadas en el interior de la Cámara —en dos ocasiones distintas— y la interrupción de una rueda de prensa. No es la primera vez que Quiles es sancionado: en mayo de 2026 ya cumplió una suspensión de tres meses y, en julio, otra de un mes. Ese mismo mes de mayo, la Mesa le había retirado la credencial de forma cautelar por sus reiteradas alteraciones del orden.
Antes de la votación definitiva, el Congreso le dio una última oportunidad para presentar alegaciones. Su respuesta, recogida por la Cámara, fue: «Que se vayan al cuerno, a mí no me van a echar». La Mesa no compartió su desafío.
El caso de Quiles no es aislado. Bertrand Ndongo, otro activista de perfil similar, se enfrenta a un expediente parecido que podría acabar también en expulsión definitiva. Ambos forman parte de una estrategia más amplia de la ultraderecha digital: colarse en instituciones democráticas bajo la etiqueta de «periodistas» para amplificar contenido polarizador y, en ocasiones, vulnerar las normas básicas de convivencia y seguridad de esos espacios.
Que la retirada definitiva se haya aprobado con la abstención del PP, y no con su voto en contra, es un gesto que no pasa desapercibido: incluso dentro de la derecha institucional hay quien reconoce que la acreditación de prensa no puede convertirse en un salvoconducto para el ruido y la provocación. La libertad de prensa protege el periodismo, no la ocupación de sus espacios por la propaganda.
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