La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió su primer año bajo la presidencia de Hugo Aguilar, el primer ministro elegido por voto popular tras la reforma judicial mexicana. En su informe del 7 de septiembre, Aguilar destacó los avances logrados en materia de derechos reproductivos desde que, en 2023, la Corte determinó que las leyes penales federales que criminalizaban el aborto ya no podían seguir vigentes.
Desde entonces, el avance ha sido constante: en 2025, un amparo obligó a que la interrupción del embarazo fuera «accesible y segura» en los estados donde ya está despenalizada, y para junio de 2026 ya eran 23 las entidades mexicanas que habían dejado de perseguir penalmente esta decisión.
Pero el propio informe reconoce lo que las organizaciones feministas llevan años denunciando: el derecho en el papel no siempre se traduce en acceso real. En julio de 2026 solo existían 405 servicios de interrupción del embarazo identificados en todo el país —una cifra insuficiente para una población de más de 130 millones de personas—. De ellos, el 60% solo atiende de lunes a viernes y apenas un 35% funciona todos los días, lo que deja a las mujeres sin opciones en fines de semana o urgencias.
A esto se suma la escasez de medicamentos clave como el misoprostol y la mifepristona, la falta de personal médico dispuesto a practicar el procedimiento —muchos alegan objeción de conciencia— y barreras adicionales como la distancia geográfica, el estigma social y los presupuestos insuficientes en los sistemas de salud estatales.
El contraste es evidente: mientras la Corte celebra un avance jurídico histórico, miles de mujeres en zonas rurales o de escasos recursos siguen sin poder ejercer un derecho que, sobre el papel, ya es suyo. La justicia reproductiva, insisten las organizaciones civiles, no termina en una sentencia: empieza cuando cualquier mujer, en cualquier lugar del país, puede acceder a un aborto seguro sin obstáculos.
Deja un comentario