El flujo migratorio por el Tapón del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá, se ha reducido drásticamente tras años de récords históricos: de los más de 1,2 millones de personas que cruzaron la zona buscando llegar a Estados Unidos, y de los hasta 3.000 migrantes diarios que llegaron a bajar por el río Turquesa en el momento álgido, el paso «prácticamente ha desaparecido» en 2026. Pero el desastre ambiental que dejó atrás no se ha ido con ellos.
Las comunidades indígenas que habitan la zona, principalmente la Comarca Emberá —unas 12.000 personas—, siguen conviviendo con las secuelas: más de 2.500 toneladas de basura abandonadas en plena selva, cuya limpieza se estima en 12 millones de dólares, y una contaminación del agua por gasolina, materia fecal, mercurio y cianuro que las pruebas realizadas en agosto siguen detectando en forma de altas concentraciones de bacterias coliformes fecales.
Los testimonios vecinales son directos. En la comunidad de Villa Caleta, la residente Militza Olea relata que un familiar menor presentó llagas rojas en la piel tras bañarse en el río: «Tenemos que tener cuidado. Todo el mundo sale del río con ronchas en la piel», explica. El líder comunitario Cholino de Gracia añade que ni siquiera la pesca, sustento tradicional de estas comunidades, se libra del impacto: «Los peces que atrapamos siguen oliendo a gasolina».
A esto se suma un repunte de la deforestación que, tras años de descenso, se disparó en 2023 por la apertura de rutas y campamentos improvisados a lo largo del corredor migratorio. Panamá recibió en enero la promesa de 3 millones de dólares en fondos internacionales para la limpieza, dinero que, meses después, todavía no ha llegado.
El resultado es una doble injusticia: comunidades indígenas que no eligieron estar en el camino de una de las mayores crisis migratorias del continente cargan ahora, solas, con la factura ambiental que dejó atrás una tragedia humana de la que ellas nunca fueron protagonistas.
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