La Policía Nacional Civil de Guatemala lanzó bombas de gas lacrimógeno la madrugada del 2 de septiembre para desalojar a los manifestantes que llevaban casi tres días bloqueando la ruta CA-2, a la altura del kilómetro 168.5 de Cuyotenango, Suchitepéquez. El corte, que arrancó el 31 de agosto, dejó cientos de camiones de carga pesada varados durante horas y obligó a los bomberos municipales a evacuar a los pacientes de un centro de salud cercano y a unas 50 personas de sus viviendas por la exposición al gas.
Los manifestantes, transportistas y vecinos de la zona, exigían que el galón de gasolina volviera a costar 25 quetzales, unos 3,25 dólares, y que se retiraran los limitadores de velocidad impuestos a los vehículos de carga. La cifra da la medida del golpe: la gasolina superior ha pasado de 27,30 quetzales en diciembre de 2025 a 40,58 quetzales en septiembre de 2026, y el diésel, del que depende buena parte del transporte de mercancías, se ha disparado de 24,92 a 44,39 quetzales el galón.
El desalojo no fue limpio. Hubo enfrentamientos con piedras y varias personas resultaron intoxicadas o heridas por el gas y por proyectiles sin identificar, según recogieron la Procuraduría de los Derechos Humanos y Provial. Cuyotenango fue el último de 14 puntos de bloqueo en todo el país en despejarse esa mañana.
El Gobierno, mientras tanto, discute cómo maquillar la subida sin tocar los márgenes de las importadoras: la propuesta sobre la mesa ofrece un alivio de apenas 15 quetzales por galón, 12 para diésel y 3 para gasolina regular, muy lejos de lo que piden en la calle. El propio presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, reconoció que «la gente no quiere subsidios (…) no quiere que le demos subsidios a los importadores». El vicepresidente Nery Ramos habla ya de un fondo de compensación permanente, pero ninguna de las dos fórmulas devuelve el precio a los 25 quetzales que piden los transportistas.
Mientras el Congreso negocia porcentajes, quienes cargan camiones por la CA-2 siguen pagando casi el doble por cada galón que hace nueve meses. La represión con gas lacrimógeno resuelve el atasco en la carretera; no resuelve que subir a un camión a trabajar en Guatemala cueste hoy el doble que ayer.
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