En el número 29 del Paseo de la Chopera, en Madrid, un piso que hasta hace poco costaba «poco más de 800» euros se ha convertido en varias habitaciones separadas que, sumadas, llegan a generar 2.500 euros mensuales por vivienda — con hasta ocho inquilinos compartiendo un espacio sin comedor. La práctica, conocida ya como la de los «inmobros», es perfectamente legal: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no pone límite a cuántas habitaciones se pueden alquilar por separado dentro de una misma vivienda.
Juan Carlos, propietario del bloque, no es un caso aislado. Solo Cataluña y Navarra han empezado a poner freno, exigiendo que la suma de las habitaciones alquiladas por separado no supere el precio de la vivienda completa — una restricción que en el resto de España simplemente no existe.
El caso de Vivian Suárez, en Las Palmas de Gran Canaria, ilustra el otro extremo del mismo problema: vive en un trastero, tiene fibromialgia y se desplaza con andador, en una ciudad donde encontrar una vivienda accesible y a precio razonable se ha vuelto casi imposible para quien no puede competir en el mercado especulativo.
Leire Iglesias, nueva secretaria de Estado de Vivienda, y Maribel Ramos, al frente de Casa 47, heredan un problema que crece mientras las grandes tenedoras consolidan el mercado: Neinor Homes adquirió Aedas por 923 millones de euros, con capacidad para entregar 7.500 viviendas al año, en un sector donde empresas como Avalon ya han sido señaladas por irregularidades.
El decreto de vivienda que el Gobierno negocia —y que la crisis de Ceuta ha dejado congelado— buscaba precisamente cerrar este tipo de vacíos legales. Mientras seguimos discutiendo sobre siglas y plazos parlamentarios, el mercado no espera: cada mes que pasa sin regulación es un mes más en el que alquilar una habitación sin comedor por 2.500 euros sigue siendo, simplemente, legal.
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