El próximo 4 de septiembre, Giorgia Meloni cumplirá 1.413 días consecutivos al frente del Gobierno italiano, superando el récord que hasta ahora ostentaba Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005. El dato no es menor en un país que, desde la fundación de la República en 1946, ha visto pasar 68 gobiernos y 31 primeros ministros distintos, con una duración media de apenas 13 o 14 meses por Ejecutivo. En un sistema tan acostumbrado a la inestabilidad, la coalición de Meloni —integrada por su partido, Fratelli d’Italia, de extrema derecha, junto a Forza Italia y la Lega de Matteo Salvini— se ha convertido en la excepción que confirma la regla.
La lectura fácil sería la de la estabilidad como virtud en sí misma. La lectura honesta exige matizarla. El propio análisis periodístico que documenta el hito reconoce que esta permanencia ha ido de la mano de una «radicalización gradual» del debate público italiano, que ha normalizado políticas migratorias antes consideradas extremas. Los centros de internamiento para personas migrantes que Italia instaló en Albania, lejos de generar rechazo institucional en Bruselas, han terminado inspirando propuestas similares en otros países de la Unión Europea.
Tampoco la estabilidad se ha traducido en bienestar para la mayoría social. El poder adquisitivo de los hogares italianos sigue anclado en niveles de los años noventa, los empleos que se crean son en buena parte precarios, la deuda pública no mejora de forma sustancial y los precios de la energía y los alimentos continúan golpeando con fuerza a las rentas más bajas. La confianza que Meloni ha ganado entre los mercados financieros no se ha repartido en las mismas proporciones entre quienes hacen la compra cada semana.
El giro político de fondo es el que más debería preocupar: el propio análisis apunta a tendencias iliberales bajo su mandato, con críticas recurrentes al poder judicial desde el Ejecutivo y una concentración gradual de poder en la figura presidencial que erosiona los contrapesos institucionales.
Que la ultraderecha logre, precisamente, el récord de estabilidad que la democracia italiana llevaba ochenta años persiguiendo debería obligar a preguntarse qué tipo de estabilidad se está premiando: la que protege derechos, o la que simplemente los deja de cuestionar mientras se consolida en el poder.
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