Desde el 5 de septiembre, una persona de 14 años podrá ser imputada, juzgada y condenada penalmente en Argentina.
La Ley 27.801 reemplaza el régimen anterior, que establecía el piso penal en los 16 años, y extiende la responsabilidad a adolescentes de entre 14 y 17.
No significa que cualquier adolescente vaya directamente a prisión.
La norma prevé medidas educativas y alternativas en determinados delitos, prohíbe las penas perpetuas y establece quince años máximos de privación de libertad.
Pero el Gobierno ha elegido otro lenguaje.
Al celebrar su aprobación resumió su filosofía con una frase: “Delito de adulto, pena de adulto”.
¿Qué ocurre antes?
La discusión penal empieza normalmente después del delito.
La política social debería comenzar bastante antes.
En Argentina, el 42,3% de niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres durante el segundo semestre de 2025. Son unos 5,1 millones. Para la primera mitad de 2026, UNICEF proyecta que la cifra podría subir hasta el 44,4%.
Y existe otra tendencia.
UNICEF calcula que, si no aparecen refuerzos, el financiamiento nacional destinado a infancia y adolescencia podría registrar en 2026 una caída real del 16% respecto a 2025. Las áreas afectadas incluyen educación, nutrición, protección de derechos y primera infancia.
Un adolescente que comete un delito debe responder dentro de un sistema con garantías.
La cuestión es qué responsabilidad asume una sociedad antes de llegar a ese momento.
Porque es mucho más sencillo fijar una edad desde la que el Estado puede castigar que garantizar durante los catorce años anteriores vivienda, alimentación, escuela, cuidados y oportunidades.
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