Un grupo de historiadores ha denunciado que sus firmas fueron utilizadas sin su consentimiento en un documento vinculado a la polémica sobre un monumento en Cáceres, en un episodio que involucra directamente a representantes de PP y Vox en la gestión del debate sobre memoria y patrimonio en la ciudad extremeña.
Según los propios afectados, sus nombres aparecieron respaldando una posición con la que no estaban de acuerdo o que directamente no habían autorizado, lo que convierte el episodio en algo más grave que una simple discrepancia política: es una manipulación de la autoridad académica para dar cobertura a una decisión ya tomada.
El uso de firmas de historiadores sin su consentimiento no es un detalle menor en debates sobre memoria histórica: se recurre habitualmente a la supuesta neutralidad académica para blindar posiciones políticas, y cuando esa neutralidad resulta falsa o forzada, todo el argumento se derrumba.
El episodio se suma a una tendencia más amplia: la de instrumentalizar el debate sobre monumentos y memoria histórica para consolidar un relato que suaviza o directamente reescribe el pasado, especialmente cuando ese pasado incomoda a determinadas fuerzas políticas.
Que sean los propios historiadores quienes salgan a desmentir el uso de sus firmas dice mucho sobre hasta dónde está dispuesta a llegar cierta derecha para ganar una batalla simbólica. La memoria histórica no puede convertirse en un decorado que se firma sin preguntar a quienes de verdad la estudian.
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