El alcalde que ganó el concurso de vivienda social de su propio pueblo… contra sus vecinos
Rocío Benítez 
Fuente: El Diario
En Trevélez, el pueblo más alto de la península ibérica, hacía falta una solución urgente para frenar la despoblación: dos viviendas municipales en alquiler con opción a compra, pensadas para que los jóvenes no tuvieran que marcharse. El problema es que uno de los dos adjudicatarios fue el propio alcalde, Adrián Gallegos (PP), que se quedó con el piso de mayor superficie, 105 metros cuadrados, por 260 euros al mes y una futura compra tasada en 38.000 euros.
¿Casualidad o diseño a medida? El PSOE, único partido de la oposición en el municipio granadino, ha llevado el caso a la Fiscalía Provincial de Granada. La denuncia habla de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación. Y aporta datos que cuestionan todo el proceso: Gallegos delegó formalmente la gestión del expediente en su teniente de alcalde solo dos días antes de que se aprobara la memoria del concurso, y en la adjudicación obtuvo cuatro puntos frente a los tres de la otra aspirante, aunque el pliego obligaba a descartar las ofertas que no llegaran al mínimo exigido. La tasación de las viviendas, además, se hizo sin comparar precios de compraventa, solo de alquiler, lo que según los socialistas dejó el valor de los pisos muy por debajo del precio real de mercado, casi la mitad.
El alcalde lo niega todo. Asegura que se abstuvo de intervenir en cuanto presentó su solicitud, que el procedimiento contó con el visto bueno de la secretaría municipal y que solo existe, por ahora, una denuncia política. Puede ser cierto. Pero incluso si cada papel estuviera en su sitio, el caso desnuda algo más incómodo: quien redacta las reglas del juego rara vez pierde la partida.
Porque mientras la vivienda pública se debate en despachos como el de Trevélez, miles de jóvenes en toda España siguen sin poder alquilar ni comprar nada, ni en pueblos vaciados ni en grandes ciudades saturadas. Los programas contra la despoblación no pueden convertirse en un salvavidas para quien ya tiene el poder de decidir quién se ahoga y quién flota. Si la vivienda es un derecho, debe serlo también frente a quienes gobiernan.
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