Fuente Pexels
Los trabajadores afectados por despidos colectivos en España subieron un 15,6% entre enero y mayo de este año respecto al mismo periodo de 2025, hasta sumar 16.931 personas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Son 2.289 personas más que hace un año, la mayoría de ellas sin haber hecho nada distinto: sus empresas decidieron, sencillamente, prescindir de ellas.
El golpe se concentra en el sector servicios, que acumula siete de cada diez despidos: 12.205 personas, un 16,2% más que en 2025. Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, comercio y transporte encabezan la lista de sectores con más Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Marzo fue el mes más duro, con 5.303 personas despedidas, un 60,9% más que en el mismo mes del año anterior.
Por territorios, Cataluña concentra el mayor número de afectados (4.461), seguida de Madrid (4.091, con un aumento de 1.458 personas) y la Comunitat Valenciana (1.993). Y la lista seguirá creciendo: a lo largo de junio y julio se han abierto nuevos procesos en empresas como Pascual, H&M, Guala Closures o Ubisoft Barcelona, que todavía no aparecen reflejados en las estadísticas oficiales.
Las empresas alegan, en su mayoría, causas económicas: pérdidas o caída de ingresos y ventas. Es una explicación cómoda que rara vez se somete a escrutinio público, aunque no siempre resista una mirada más atenta a los balances de las compañías que despiden.
Detrás de cada expediente hay algo más que una cifra en una estadística ministerial: hay personas que, de un día para otro, ven cómo su sustento depende de una negociación en la que casi nunca tienen la última palabra. El crecimiento económico que tanto se repite en los discursos oficiales convive, sin ninguna contradicción aparente, con miles de despidos colectivos cada mes. La pregunta que casi nadie hace en voz alta es a quién beneficia realmente ese crecimiento si no llega a quienes primero pierden su empleo cuando algo se tuerce.