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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha vuelto a exigir a cinco grandes plataformas turísticas que retiren 141 anuncios de alojamientos situados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. El Gobierno considera que esa publicidad es ilícita según la legislación española, porque comercializa servicios vinculados a asentamientos ilegales bajo el derecho internacional.
La medida no es nueva, sino una segunda vuelta. En febrero, Consumo ya logró la retirada de más de un centenar de anuncios similares tras requerir a varias multinacionales. Ahora vuelve a detectar oferta turística en territorios ocupados y exige su retirada.
El caso demuestra que la ocupación no funciona solo con soldados, checkpoints y colonos. También funciona con plataformas, mapas, reservas, valoraciones, fotos bonitas y un botón de “pagar ahora”. La violencia estructural puede aparecer disfrazada de escapada rural, apartamento con vistas o experiencia local.
Cuando una plataforma ofrece una estancia en un asentamiento ilegal sin explicar que está en territorio ocupado, convierte una situación de despojo en producto turístico. Borra al pueblo palestino del suelo que está vendiendo y normaliza que alguien haga negocio donde otros perdieron tierra, casa o libertad de movimiento.
Consumo se apoya en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno con medidas contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Pero el debate va más allá de España: cualquier empresa que opera en mercados globales debe responder por dónde gana dinero y a quién beneficia.