Ismael Valdenebro 
Nueva Tribuna
El enfrentamiento entre PP y PSOE domina la política española hasta el punto de hacer impensable cualquier entendimiento. Sin embargo, el avance de la extrema derecha plantea una pregunta incómoda: ¿y si algún día fuera necesario un acuerdo entre ambos para preservar el sistema democrático?
En países como Alemania, esta lógica no resulta extraña. Allí, los grandes partidos asumen que, antes que adversarios, son pilares de una misma democracia. Cuando el equilibrio político lo exige, pactan para evitar que fuerzas extremistas condicionen el rumbo del país. No es una cuestión de afinidad, sino de responsabilidad institucional.
En España, en cambio, la dinámica es distinta. El PP acusa al PSOE de gobernar contra el país, mientras los socialistas alertan del riesgo que supone la ultraderecha, pero sin contemplar acuerdos de Estado con la derecha tradicional. En ese escenario, Vox gana terreno, marcando el debate, endureciendo el discurso y desplazando los límites de lo aceptable.
La hipótesis de una gran coalición entre PP y PSOE generaría un terremoto político y mediático. Sería interpretada por algunos como una traición y por otros como una renuncia ideológica. Sin embargo, también podría enviar un mensaje claro: no todo vale en política y no todos los apoyos son equivalentes.
Más allá del ruido, un pacto de este tipo establecería una frontera frente a proyectos que cuestionan consensos básicos como la igualdad, la memoria democrática o los derechos civiles. Porque la extrema derecha no es solo una versión más dura de la derecha, sino una propuesta que redefine las reglas del juego democrático.
El verdadero debate no es si PP y PSOE pueden entenderse, sino si se reconocen mutuamente como actores legítimos dentro de un mismo sistema. Cuando esa legitimidad se rompe, la democracia se debilita, no por ataques externos, sino por la erosión interna de sus propios pilares.
Una eventual coalición solo tendría sentido si fuera excepcional, transparente y centrada en objetivos concretos: renovar instituciones, garantizar los servicios públicos, abordar la vivienda o asegurar derechos que no deberían depender de mayorías cambiantes.
El riesgo existe. Sin un proyecto sólido, podría reforzar el discurso de quienes se presentan como única alternativa. Por eso, más que un pacto de conveniencia, debería ser un ejercicio de responsabilidad política.
Quizá hoy parezca imposible. Pero en un contexto de creciente polarización, tal vez la verdadera anomalía no sea imaginar un acuerdo entre PP y PSOE, sino asumir que nunca puedan alcanzarlo, incluso cuando la estabilidad democrática está en juego.
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