Rocío Benítez 
Fuente ONU
Cada vez que un ayuntamiento planta árboles, mejora el transporte público o promueve la igualdad salarial, es probable que esté cumpliendo, sin saberlo, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas fijó en 2015. Sin embargo, en los últimos años esa hoja de ruta —conocida como Agenda 2030— se ha convertido en el blanco favorito de la ultraderecha, que la presenta como una conspiración globalista para controlar la vida de los ciudadanos.
Los 193 países que firmaron el acuerdo se comprometieron a erradicar la pobreza extrema, combatir el cambio climático y reducir las desigualdades antes de 2030. Nada de esto implica, como aseguran Vox y otros partidos afines en Europa, un plan secreto de «gobierno mundial». Se trata de compromisos públicos, revisables y sin capacidad coercitiva, que cada Estado aplica según sus propias leyes.
¿Por qué entonces tanto empeño en desprestigiarla? La respuesta tiene poco de técnica y mucho de política. La Agenda 2030 pone en el centro del debate la redistribución de la riqueza, la transición energética y los derechos de las minorías, tres frentes que chocan frontalmente con el discurso negacionista y ultranacionalista que ha ganado espacio en los parlamentos autonómicos.
Es cierto que el propio informe de seguimiento de la ONU de 2023 reconoce que solo el 15% de las metas va camino de cumplirse en el plazo previsto, lastrado por la pandemia, las guerras y la falta de financiación de los países ricos. Ese fracaso, no obstante, no invalida los objetivos: los hace más urgentes.
Convertir una agenda de derechos humanos y sostenibilidad en un enemigo imaginario permite a la ultraderecha desviar la conversación de sus propias políticas de recortes y negacionismo climático. La pregunta de fondo no es si la Agenda 2030 existe o no: es si queremos un planeta habitable y sociedades menos desiguales, o preferimos rendirnos a los bulos que solo benefician a quienes no quieren cambiar nada.
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