Óscar Camps delante del barco de la ONG. Fuente EFE
Cada vez que un barco de Open Arms rescata a un grupo de personas a la deriva en el Mediterráneo, se repite la misma paradoja: mientras las tripulaciones arriesgan su vida para salvar la de otros, algunos gobiernos europeos las tratan como sospechosas, retrasando desembarcos o abriendo procesos judiciales contra sus responsables.
Desde su fundación en 2015, la ONG fundada por Óscar Camps ha rescatado a más de 70.000 personas en el mar, según sus propios datos, documentando también las decenas de miles de muertes que la Organización Internacional para las Migraciones registra cada año en la ruta migratoria más mortífera del planeta.
Frente a esa cifra, la respuesta de buena parte de la política europea ha sido criminalizar el rescate en lugar de reforzar las vías legales y seguras de migración. Italia ha llegado a inmovilizar barcos de rescate por supuestos incumplimientos administrativos, mientras la extrema derecha continental presenta a estas organizaciones como un «efecto llamada» sin sustento en los datos disponibles.
Es legítimo debatir sobre política migratoria, sobre los recursos de acogida o sobre el reparto de responsabilidades entre países europeos. Lo que no admite matices es el derecho a la vida: ninguna persona debería morir ahogada por huir de la guerra, la pobreza o la persecución, y quien la rescata no comete un delito, cumple con la obligación humanitaria más elemental.
Sostener económicamente a estas ONG, exigir corredores humanitarios seguros y dejar de perseguir judicialmente el rescate no es una postura ideológica: es una cuestión de humanidad básica. La verdadera vergüenza no está en quienes rescatan, sino en quienes prefieren mirar hacia otro lado mientras el Mediterráneo sigue siendo una fosa común.
Las tripulaciones de estas ONG documentan además, sistemáticamente, violaciones de derechos humanos en las costas de origen y de tránsito, información que rara vez llega a la opinión pública europea con el mismo detalle que las polémicas sobre su financiación o su supuesta ilegalidad.