Redeia y Fundación Renovables estrenan una metodología para que los territorios dejen de ser el «mapa vacío» de la transición energética
Rocío Benítez 
Torres de alta tensión en un paisaje rural. Fuente Unsplash/Bernd Dittrich
Redeia, matriz de Red Eléctrica, junto a Fundación Renovables y Renewables Grid Initiative (RGI), ha presentado una metodología participativa pensada para que los territorios donde se despliegan las redes de transporte eléctrico dejen de ser simples receptores de decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia. La herramienta, fruto de año y medio de trabajo dentro de la alianza ‘Territorios en Red’, apuesta por la escucha activa, la participación temprana y el diálogo con las comunidades afectadas.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, reconoció durante la presentación una autocrítica poco habitual en el sector energético: «las redes no se instalan sobre un mapa vacío», admitió, señalando que la resistencia territorial se ha disparado desde la pandemia, cuando la sociedad «volvió la mirada al medio ambiente» y tomó conciencia real de su valor. Con una honestidad inusual, llegó a reconocer que, «desde la soberbia propia de los urbanitas», se pretendía instalar en los territorios rurales infraestructuras pensadas para beneficiar sobre todo a las ciudades.
El presidente de Fundación Renovables, Fernando Ferrando, fue más allá al plantear que el reto no es solo construir infraestructuras, sino hacerlo de forma «coherente con una transición justa, democrática y respetuosa con el territorio». Es precisamente esa dimensión de justicia social la que distingue esta iniciativa de la lógica extractiva con la que históricamente se han impuesto tendidos eléctricos, parques eólicos o embalses a comunidades que rara vez tuvieron voz en el proceso.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, situó el debate en su verdadera dimensión: el paisaje va a cambiar sí o sí, advirtió, porque el cambio más violento vendrá de la propia crisis climática si no se actúa. La pregunta relevante no es si habrá transformación, sino quién decide cómo ocurre y con qué cuidado hacia quienes habitan esos territorios. Por ello, el Gobierno quiere convertir en ley que los proyectos energéticos contemplen retornos e impacto positivo local desde las fases más tempranas.
Que la transición ecológica sea también una transición justa exige precisamente esto: que las comunidades rurales, tradicionalmente invisibilizadas en las grandes decisiones energéticas, tengan capacidad real de influencia y no solo el papel de anfitrionas forzosas de la infraestructura que otros necesitan. Metodologías como esta apuntan en la dirección correcta, aunque su éxito dependerá de si la participación anunciada se traduce en poder de decisión real o queda en un ejercicio de relaciones públicas.
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