Documentación y pasaporte Fuente Unsplash/Global Residence Index
De casi 1,2 millones de solicitudes de la regularización extraordinaria, la Administración ya ha admitido más de 609.000 y ha dado luz verde definitiva a cerca de 11.000 personas. Pero obtener la resolución favorable no es el final del camino: todas ellas deben acudir a comisaría a tomarse las huellas para conseguir su tarjeta de identidad de extranjero (TIE), un trámite que, según denuncian ONG y sindicatos, corre el riesgo de convertirse en el próximo cuello de botella del proceso.
El problema no es nuevo: desde hace más de una década, y especialmente tras la pandemia, conseguir una cita en extranjería es una carrera de obstáculos. De ese fallo estructural del sistema se ha beneficiado un negocio ilegal de reventa de citas a través de Wallapop, Mil Anuncios o Facebook, con precios de entre 30 y 200 euros, alimentado por bots que acaparan los turnos disponibles de forma masiva.
El testimonio de Maira, una madre colombiana cuyas dos hijas acaban de recibir la resolución favorable, ilustra la angustia de fondo: «Tengo alivio porque sé que mis hijas ya están regulares… pero ahora tengo otro dolor de cabeza: pensar en sacar la cita». Ella misma pasó meses conectándose de madrugada, el momento en que según el boca a boca la Policía libera nuevos turnos, hasta lograr una cita a más de setenta días vista.
Ante la presión de organizaciones como Regularización YA, el Ministerio del Interior ha dado un primer paso: flexibilizar los requisitos de pasaporte en vigor y empadronamiento para la expedición de la TIE a los beneficiarios del proceso. La Policía Nacional también ha activado un «plan de choque» que paga 25 euros por hora extra a los agentes voluntarios, aunque el sindicato CEP ha criticado que no se refuercen las plantillas.
Que un derecho de residencia reconocido por el Estado dependa, en la práctica, de sobrevivir a un mercado negro de citas revela hasta qué punto la burocracia puede convertirse en una barrera más para la integración, incluso cuando la voluntad política declarada apunta en sentido contrario.