Más de 40 años después, los bidones radiactivos hundidos frente a Galicia siguen sin plan de retirada
Rocío Benítez 
Costa gallega, cerca del cabo Fisterra. Fuente Unsplash/Pablo Arroyo
Una expedición científica internacional ha confirmado lo que ecologistas y marineros gallegos llevan décadas denunciando: los 220.000 bidones de residuos radiactivos arrojados a la Fosa Atlántica hace más de 40 años presentan un «avanzado estado de deterioro». El Proyecto Nodssum, liderado por el CNRS francés y con participación de universidades españolas, navegó entre el 27 de mayo y el 28 de junio y captó las primeras imágenes directas de estos barriles, sumergidos a más de 4.000 metros de profundidad a unas 300 millas del cabo Fisterra.
Gracias al submarino tripulado Nautile, los investigadores lograron la «observación directa» de los bidones y detectaron filtraciones, además de identificar los materiales de encapsulado usados por la industria nuclear: resinas, asfalto y cemento que, con el paso de las décadas, se han ido degradando bajo la presión y la corrosión del fondo oceánico. Los científicos también confirmaron la presencia de radionucleidos a niveles superiores a los esperados, aunque insisten en que la radiactividad general de la zona «permanece baja».
Los 140.000 toneladas de basura nuclear fueron depositadas entre los años 40 y los 90 del siglo pasado, antes de que el Convenio de Londres prohibiera formalmente esta práctica en 1993. Fue la travesía del pesquero gallego Xurelo en 1981 —fletado por Esquerda Galega con apoyo de Greenpeace y con un joven Manuel Rivas a bordo— la que visibilizó por primera vez los vertidos, al interponerse entre los cargueros que arrojaban los bidones al mar.
Frente a la magnitud del hallazgo, el silencio institucional español resulta llamativo. El BNG ha exigido al Gobierno que se implique «de manera activa en la investigación» y elabore un plan de retirada si se determina que es seguro hacerlo. Su diputado Néstor Rego lo resume con crudeza: «resulta incomprensible que el Estado español permanezca completamente al margen de una expedición de esta relevancia», cuando el ecosistema marino gallego y quienes viven de él son los primeros afectados.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad de un desastre ambiental que ni siquiera se originó bajo bandera española, pero cuyas consecuencias recaerán, si el deterioro avanza, sobre las costas y comunidades pesqueras gallegas. Mientras la ciencia documenta el deterioro, la política mira hacia otro lado.
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