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Centenares de hombres con pasamontañas blancos y banderas confederadas desfilaron el pasado 4 de julio por Washington sin encontrar ninguna resistencia institucional. Los miembros de Patriot Front, el grupo supremacista que nació precisamente tras la marcha neonazi de Charlottesville en 2017, cerraron así un círculo perverso: de la vergüenza pública que supuso aquel asesinato de una manifestante antirracista a desfilar con total normalidad en la capital durante la celebración del 250 aniversario del país.
Según un informe de la Liga Antidifamación, 2023 marcó un nuevo récord de propaganda supremacista blanca, el mayor desde 2017, con Patriot Front como principal altavoz. El grupo, fundado por Thomas Rousseau tras la escisión de la organización neonazi Vanguard America, ha basado su estrategia en «diluir» los símbolos de odio más evidentes para presentarse como «patriotas convencionales», una operación de marketing del odio que, lejos de fracasar, ha ganado terreno.
La imagen de una mujer negra sentada en solitario en un vagón de metro, rodeada de supremacistas encapuchados, se ha viralizado por su parecido con las fotografías de la segregación racial de los años cincuenta. No es casualidad: como explica el historiador Benjamin Waterhouse, existe «una campaña activa para definir el nacionalismo estadounidense de una manera muy estrecha, tradicional y centrada en lo blanco y anglosajón», una agenda que no se limita a estos grupos marginales sino que atraviesa a la actual Administración.
Esa complicidad institucional tiene nombres concretos: los indultos de Trump a los asaltantes al Capitolio, incluido el líder de los Proud Boys Enrique Tarrio, que se libró de 22 años de prisión; o la sentencia del Supremo que en mayo abrió la puerta a diluir la representación del voto negro, desmantelando distritos garantizados por la Ley del Derecho al Voto de 1965.
Que un grupo que reivindica un etnoestado blanco y la teoría racista del «gran reemplazo» pueda marchar por la capital con total libertad, mientras organizaciones dedicadas a monitorear el odio como el Southern Poverty Law Center son investigadas por el propio Gobierno, retrata con crudeza qué tipo de país se está construyendo a la sombra de Trump.