Feijóo se resiste a aclarar su patrimonio: ni explica la venta de un piso en A Coruña ni cuánto le paga el PP por su alquiler en Madrid
Rocío Benítez 
Fuente EFE
La ley obliga a los diputados a actualizar su declaración de bienes y rentas cuando se producen cambios «sustanciales» en su patrimonio. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo no ha presentado ninguna actualización desde que tomó posesión como diputado en agosto de 2023, pese a que su situación patrimonial parece haber cambiado.
Según ha revelado Público, el Registro de la Propiedad ya no recoge a Feijóo como propietario de una vivienda en A Coruña que sí figuraba en su declaración de 2023. Preguntado por si vendió el inmueble, el PP se ha limitado a responder que el líder popular «ha remitido toda la información que tiene que remitir», sin aclarar si hubo una compraventa que, según fuentes jurídicas del Congreso, debería haberse comunicado por tratarse de una modificación sustancial.
A esa opacidad se suma la del dinero que el PP abona a Feijóo en concepto de «gastos de representación», con el que paga el alquiler de un piso en el exclusivo barrio madrileño de El Viso. En 2023 trascendió que esa cantidad rondaba los 52.000 euros anuales, pero Feijóo se ha negado reiteradamente a precisar la cifra actual, limitándose a decir que «tributa por cada euro que recibe» y que el alquiler lo paga su «familia», es decir, él mismo y su pareja.
El contraste con otros portavoces parlamentarios es llamativo: Gabriel Rufián (ERC), Maribel Vaquero (PNV) o Alberto Catalán (UPN) sí han actualizado sus declaraciones en esta legislatura para reflejar cambios como la compra de un vehículo o una parcela. El PSOE ha registrado además una iniciativa para forzar al Congreso a exigir a Feijóo, como jefe de la oposición, transparencia total sobre su patrimonio e ingresos.
El problema de fondo es que el Reglamento del Congreso no contempla ningún régimen sancionador para quien incumple esta obligación, y ni la Cámara ni Hacienda tienen capacidad real de supervisión. Así, la opacidad patrimonial de quien aspira a gobernar España queda, de momento, sin consecuencias, mientras exige máxima transparencia a sus adversarios políticos.
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