La frase es brutal porque dice en voz alta el fondo de la política de Vox: “no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo”. La pronunció Óscar Fernández Calle, líder de Vox en Extremadura, durante el debate de investidura de María Guardiola, para defender la llamada prioridad nacional: “elegimos a los españoles primero”.
La idea parece simple: el país sería un pastel pequeño y la gente migrante vendría a quitar un trozo. Pero esa imagen es falsa. Los derechos sociales no se destruyen porque llegue una familia migrante. Se destruyen cuando se recorta sanidad, vivienda, dependencia, salarios y servicios públicos.
Además, los datos desmontan el relato. Una presentación del informe del CES difundida por el Ministerio de Inclusión señala que las personas migrantes aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y representan solo el 1% del gasto público. También destaca su presencia estructural en sectores clave como cuidados, agricultura, construcción, transporte u hostelería.
La “prioridad nacional” tampoco es una ocurrencia nueva. Es heredera de la extrema derecha francesa. La académica Cécile Alduy explicó en Stanford que Marine Le Pen rebautizó la vieja “preferencia nacional” como “prioridad nacional” para hacerla sonar más aceptable, aunque remitía a las mismas medidas discriminatorias.
Y Bruselas ya ha avisado de que vigilará el respeto al principio de no discriminación por nacionalidad frente a estos pactos de PP y Vox.
El problema no es que “no quepa todo el mundo”. El problema es quién reparte, quién acumula y quién señala al vecino pobre para que nadie mire arriba.
La comida no falta por culpa de la migración. Falta cuando la política convierte la solidaridad en frontera.