Vincenzo Gambaretto 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó revisar la apelación de Donald Trump contra el veredicto civil que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll. La decisión deja firme la condena de 5 millones de dólares dictada por un jurado de Nueva York en 2023.
El matiz legal importa: el jurado no lo declaró responsable de violación, pero sí de abuso sexual y difamación. Carroll había denunciado que Trump la agredió en unos grandes almacenes de Manhattan en los años noventa, y que después la difamó al negar públicamente los hechos. Trump niega las acusaciones y ha calificado el caso de motivación política.
La noticia rompe una imagen que Trump ha cultivado durante años: la del hombre intocable, capaz de transformar cada acusación en espectáculo y cada proceso judicial en batalla cultural. Pero esta vez la vía de apelación llegó al final. El Supremo no quiso intervenir y el fallo queda en pie.
No se trata de celebrar el dolor de nadie. Se trata de recordar que la palabra de una mujer también puede sostenerse frente a un poder enorme, aunque el acusado tenga dinero, fama, abogados, seguidores y altavoz político.
El caso Carroll no es un hecho aislado. Trump también enfrenta una condena separada de 83,3 millones de dólares por otros comentarios difamatorios, aunque esa batalla judicial sigue su propio recorrido.
La justicia no borra lo vivido. Tampoco repara por completo años de ataques, dudas y exposición pública. Pero deja una señal: el poder no debería convertir la impunidad en costumbre.
Durante demasiado tiempo, muchas víctimas aprendieron que denunciar a hombres poderosos era entrar en una guerra desigual. Este caso muestra que esa guerra puede ganarse, aunque tarde.
E. Jean Carroll no solo ganó dinero en una sentencia.
Ganó algo más difícil: que un tribunal dejara escrito que incluso un presidente debe responder por sus actos.
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