Fotografiar a dos periodistas. Pasar esa foto a través de aplicaciones de mensajería. Después borrar la conversación. Esta no es la descripción de una conspiración de novela: es lo que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido ante el juez.
El entorno de la presidenta madrileña admite que se transmitió la imagen de dos periodistas al director de su gabinete de comunicación. La conversación, según declara, fue eliminada. La imagen de qué buscaba con ese envío no necesita mucha imaginación: identificar, vigilar, amedrentar.
El periodismo incómodo tiene un precio. Y ese precio, en demasiadas ocasiones, lo pagan quienes deciden hacer su trabajo con honestidad. El acoso a periodistas es una de las formas más directas de atacar a la democracia, porque sin prensa libre no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas el poder hace lo que quiere.
Este caso no es anìdota. Es patrón. La sistematización de la hostilidad hacia los medios críticos, la utilización de recursos del entorno del poder para identificar a quienes incomodan, el borrado de rastros cuando la cosa se complica: todo ello configura un ecosistema donde el periodismo independiente paga un coste personal y profesional simplemente por existir.
Una democracia sana no persigue a quienes la fiscalizan. La perseguiría, en todo caso, a quienes esconden información, evitan rendir cuentas y borran conversaciones comprometedoras. Que sea al revés nos dice mucho sobre el estado de nuestra democracia.
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