Fuente Pexels
En la misma jornada parlamentaria en que el Congreso aprobaba la moción que exige la dimisión de Sánchez, se producía otro voto con consecuencias muy diferentes y mucho más concretas para miles de personas: la reforma del Código Penal para perseguir penalmente las llamadas terapias de conversión sexual.
Las terapias de conversión son prácticas —psicológicas, religiosas o pseudomédicas— que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. No funcionan. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que las calificó de «tortura» en 2020. Lo dicen décadas de testimonios de las personas que las sufrieron: ansiedad severa, depresión, trauma, intentos de suicidio. Son prácticas que se aplican mayoritariamente a menores, presionados por sus familias o por instituciones religiosas que consideran que su identidad es un «error» corregible.
Hasta ahora, España carecía de una tipificación penal específica. La Ley LGTBI de 2023 las prohibía en el ámbito administrativo, pero sin consecuencias penales para quienes las practicaban. La reforma aprobada este jueves llena ese vacío: quienes sometan a una persona a una terapia de conversión serán perseguibles penalmente, con agravantes cuando la víctima sea menor de edad.
El apoyo de Junts fue clave para que la reforma saliera adelante. El mismo partido que ese día votaba con PP y Vox para exigir la dimisión de Sánchez, apoyó sin fisuras esta reforma de derechos. Es la complejidad real de la política: los bloques no son monolíticos y las alianzas cambian según el tema.
El colectivo LGTBI+ lleva años reclamando esta protección. Organizaciones como la FELGTBI+ y Lambda celebraron la aprobación como un paso histórico. «España se pone a la altura de los países europeos que ya persiguen estas prácticas», declararon.
Que en 2026 necesitemos una ley para decir que torturar a alguien por su orientación sexual es un delito dice mucho sobre el camino que aún queda. Pero que esa ley exista ya es, al menos, un punto de partida.