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El IX Informe FOESSA de Cáritas lo dice con datos que no dejan margen para la duda: la prevalencia de diagnósticos por depresión es el doble entre la población con menos ingresos que entre quienes tienen renta alta. El doble. No un 10% más. No un 30% más. El doble.
Y no es la única brecha. Las personas en exclusión severa tienen el doble de diagnósticos de ansiedad que la media. Las personas sin empleo los tienen en mayor proporción que quienes trabajan. Y dentro del empleo, las más afectadas son las trabajadoras más precarias: mujeres, migrantes, jóvenes, obreras. El 9% de las mujeres trabajadoras no cualificadas consume antidepresivos, frente al 1,7% de los hombres directivos con estudios superiores.
La precariedad laboral explica el 17% de la prevalencia de problemas de salud mental entre la población asalariada, según el mismo informe. No es una mala racha ni una fragilidad personal. Es una consecuencia directa y medible de las condiciones de trabajo y de vida.
Y sin embargo, el acceso a la atención en salud mental en España sigue siendo profundamente desigual. Las listas de espera de la sanidad pública pueden alcanzar meses. La alternativa privada cuesta entre 60 y 100 euros la sesión. Quien no puede pagarlo, no tiene atención.
La salud mental no es un lujo ni una debilidad. Es una necesidad básica que el sistema público tiene la obligación de garantizar con la misma contundencia que la cirugía o la oncología. Mientras no lo haga, la desigualdad seguirá teniéndola en su menú.